La Fesp-UGT-PV exige a Montoro que no impida crear puestos de trabajo en las residencias de la Comunidad Valenciana

Residencias.jpgLa Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT-PV ha registrado ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública más de 300 firmas de personal empleado público que presta servicios en las residencias de personas mayores dependientes y de personas con discapacidad, de la provincia de Alicante, para exponer la carga de trabajo del personal de Enfermería (Auxiliares de Enfermería, Enfermeros/as) y de atención directa a personas con discapacidad (Especialistas en Integración Social…), que resulta excesiva. Esta sobrecarga (tanto física como emocional) repercute negativamente en la salud del personal empleado público y en la calidad de la asistencia que se presta a los residentes.

Reivindican que debe abordarse el incremento de personal, necesario para ofrecer un buen servicio y detener el deterioro de la calidad asistencial y la sobrecarga del personal de estas residencias

Esta problemática se ha agravado por el aumento de la carga asistencial derivada de las mayores necesidades de las personas mayores atendidas, con mayor esperanza de vida y pluripatologías con mayores complicaciones.

Por otra parte, la plantilla de las residencias no ha aumentado, pero la edad de sus trabajadores sí. Más del 60% de este personal es mayor de 50 años, y no existen otros destinos profesionales en la Función Pública Valenciana en los que prestar servicios tras muchos años de trabajo en centros asistenciales de servicios sociales. Todo ello repercute negativamente en la calidad asistencial y en las condiciones de trabajo del personal.

En 2005 la UGT ya criticó la Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, que estableció las ratios de personal de los centros de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores. Las ratios definidas entonces y todavía vigentes son claramente insuficientes.

Residencias 2Sin embargo, los recortes en los servicios públicos impuestos desde el Gobierno de España no permiten incrementar las plantillas. La intención de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de crear nuevos puestos de trabajo chocan con las limitaciones incluidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De hecho, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha recurrido los intentos de creación de nuevos puestos de trabajo para la adecuada atención a la dependencia, como es el caso de la reciente impugnación vía judicial presentada por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana contra la contratación de personal empleado público (un total de 62 puestos) por parte del Ayuntamiento de València para la valoración de las personas en situación de dependencia, subvencionada por la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Es conocido que nuestra Comunidad es de las comunidades autónomas con menor ratio de personal empleado público de España, y que nuestro país es de los que cuenta con menos empleados públicos por habitante de la Unión Europea. En las condiciones descritas, se solicita al Gobierno que permita la creación de puestos, indispensable para la adecuada atención en las residencias de personas mayores y personas con discapacidad de Alicante, Valencia y Castellón.

Por todo ello, las personas abajo firmantes, trabajadores y trabajadoras de las Residencias de Personas Mayores Dependientes y Residencias de Personas con Discapacidad de la Provincia de Alicante, le solicitan que adopte en el menor plazo las medidas necesarias que permitan la ampliación y cobertura de las plantillas existentes en las residencias descritas y no se obstaculicen, desde el Gobierno de España, las medidas que impulse la Generalitat Valencia para incrementar estas plantillas del personal de atención directa de las residencias de Personas Mayores Dependientes y Residencias de Personas con Discapacidad y de las personas en ellas atendidas.

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