El Consell aprueba la ley de Renta valenciana de inclusión, que aumenta las cuantías

Consell Valenciano.jpgEl pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado ley de Renta valenciana de inclusión, que aumenta las cuantías de esta prestación, flexibiliza los requisitos de acceso, podrá ser indefinida, rebaja a los 18 años la edad para solicitarla y solo hará falta un año de empadronamiento para pedirla.

Esta Renta prevé beneficiar a cerca de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, y sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía con distintos tipos de prestaciones

La ley ha contado con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, que se ha abstenido, ante lo la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha agradecido que no haya habido ningún voto en contra y que dos tercios del pleno hayan apoyado una norma que se sitúa “a la vanguardia de España en protección social”.

El Consell flexibiliza los requisitos de acceso y amplía el importe de la ayuda de la Renta Valenciana de Inclusión

Hay dos tipos de renta

La nueva renta de inclusión será de dos tipos: una renta complementaria del trabajo o de las prestaciones inferiores al 80 % del salario mínimo interprofesional, para atender a personas que trabajan pero están en situación de pobreza, y la renta de inclusión social, que incluirá a su vez dos modalidades.

Así, las rentas de inclusión social que cuenten con una valoración del trabajador social tendrán un importe de 495,3 euros en el caso de un titular, frente a los 385 euros actuales, mientras que en los casos en que el solicitante renuncie voluntariamente a hacer un itinerario de inserción el importe será de 247,6 euros.

Valoraciones de los portavoces políticos
Oltra ha indicado que esta ley será una herramienta de lucha contra el empobrecimiento de miles de valencianos, para que puedan construir su proyecto de vida independiente, y con ella se garantizará una vida “digna a todas las personas”.

La socialista Concha Andrés ha reivindicado que esta “valiente” ley fija un mecanismo público para promover “la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia”, aboga por la inserción laboral y define el derecho subjetivo de todas las personas en situación de necesidad a contar con una prestación para “una vida digna”.

La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha afirmado que es “una buena ley, muy participada” y “bien recibida” por la ciudadanía, que hacía “muchísima falta” y tendrá un “retorno” en los valencianos, y además suponía una oportunidad para el PP de “revertir errores” cometidos durante veinte años.

La diputada del PP María José Catalá ha criticado que la ley no exija un “compromiso claro de esforzarse” a las personas que reciben “la solidaridad de todos los valencianos” en esta prestación, y ha lamentado que en el trámite de enmiendas se hayan “cargado” el régimen sancionador, que contemplaba retirar la ayuda a quien haga mal uso.

Catalá ha señalado además que el carácter indefinido de la prestación puede “propiciar el trabajo en el mercado negro”, y ha cuestionado el “buenismo” del Consell, ya que la renta complementaria de ingresos del trabajo no entrará en vigor hasta dentro de dos años.

El diputado de Podem David Torres ha afirmado que les gustaría que “no fuera necesaria” esta ley, pero gracias a ella “mucha gente podrá vivir mejor y dignamente” en la Comunitat Valenciana, donde 1,2 millones de personas están en riesgo de pobreza y el 7,8 % de los valencianos sufre pobreza severa.

Antonio Woodward (Ciudadanos) ha pedido que se ponga en marcha “cuanto antes” una ley que ya debería estar en vigor, igual que la ley de Servicios sociales inclusivos, para atender las situaciones de “alarma” tras la “brutal” crisis, y ha justificado el apoyo de su grupo en que han conseguido modificar aspectos de esta norma.

 

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